El 10 de abril, el Órgano Ejecutivo aprobó el Decreto
Supremo 1549, que establece un aumento del 20% al salario mínimo nacional (SMN)
y 8% al salario básico, después del acuerdo del 5 de abril entre el Gobierno y
la Central Obrera Boliviana (COB). El SMN se incrementará de Bs 1.000 a Bs
1.200 desde abril.
El Gobierno reporta un incremento del salario mínimo
nacional de 127,3% entre 2006 y 2012. El dato es contrastado por una investigación
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que dice
que el poder adquisitivo sólo mejoró 35% debido a la inflación de ese periodo.
Los trabajadores incluidos en la LGT son los empleados
de las empresas privadas y los públicos descentralizados (los de las estatales
hidrocarburíferas, la minería estatalizada, los de la seguridad social, los de
servicios de caminos dependientes de las gobernaciones y, desde hace poco, los
empleados municipales). No están incorporados en la norma los trabajadores
informales, cuentapropistas y los empleados del sector público dependientes del
nivel central del Estado.
Silvia Escóbar, investigadora especializada en temas
laborales del CEDLA, afirma que “se ha dictado un conjunto de normas desde 2006
para abrogar el 21060 y favorecer las condiciones de trabajo. Sin embargo, una
cosa es la ley y otra la realidad”.
Los derechos establecidos desde 2006 son, entre los
más importantes, la devolución de la estabilidad laboral; la inamovilidad de
empleados con hijos menores a un año; el fuero sindical, que se elevó a rango
constitucional; la despenalización de la huelga; la otorgación de un día libre
pagado a las mujeres para sus exámenes de papanicolau y el pago de beneficios a
los tres meses de haber sido retirado o haber renunciado un empleado.
No obstante, el CEDLA observa que “siguen aumentando
los contratos a plazo fijo, por obra o por servicio” tanto en el sector privado
como estatal, que generan inestabilidad laboral. Los trabajadores estables son “un
pequeño núcleo privilegiado”, analiza Escóbar. Según la última medición
de esta organización no gubernamental, sólo el 20% de los trabajadores tiene un
empleo de calidad y el restante 80% tiene un trabajo precario, sin derechos
laborales.
La estructura del mercado de trabajo —señala
Eróstegui— muestra que el 82% de la población ocupada trabaja en pequeñas
unidades en las que no se respetan los derechos laborales y sólo el 18% lo hace
en empresas formales que los cumplen. “Hay un grupo muy grande que no goza de
sus derechos. Las medidas del Gobierno aumentan la protección del empleado
perteneciente a ese 18%, el 82% no está ejerciendo sus privilegios”.
El ministro Santalla admite que los beneficios no
llegan a la mayoría de los trabajadores bolivianos. Sin embargo, afirma que se
trata de una proporción menor a la que indica Eróstegui: 65% de los
trabajadores son cuentapropistas o subempleados sin derechos laborales.
Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación
Jubileo, coincide con ambos y se acerca al porcentaje que señala la autoridad
sobre el sector asalariado informal. “64% está dentro de la economía informal.
Entonces, los incrementos salariales son para pocos; las políticas
redistributivas no son suficientes”.
Para saldar esta deficiencia, el especialista propone
aprovechar el crecimiento económico con una política de desarrollo, pues “la
bonanza económica por la explotación extractiva produce enormes cantidades de
recursos fiscales, pero no necesariamente llegan a los bolsillos de la gente”.
Como intento de solución, Santalla menciona que desde
los ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo se está
“concientizando” a esos trabajadores “para que recurran al seguro social
haciendo sus aportes voluntarios para acceder a la protección de corto y largo
plazo”.
Para ello —continúa— se ha puesto en ejecución el
aporte solidario que en el tiempo beneficiará a quienes se retiren con menores
ingresos. Adicionalmente, “se están generando empleos” creando empresas
estatales (papel, cartón, envases, lácteos). “Además, a partir del fondo de
revolución productiva e industrial (1.200 millones de dólares) se van a generar
empleos en el sector, textil, maderero y del cuero”. Afirma que algo similar se
está haciendo en las estatales hidrocarburíferas con la construcción de las
plantas separadoras de líquidos.
Estatales. Vitaliano Mamani, ejecutivo nacional de los
fabriles y dirigente de la COB, también menciona a esta naciente industria
estatal boliviana y cuestiona que quienes vayan a ser contratados para trabajar
en estas fábricas serán tratados como funcionarios públicos, es decir, que no
estarán incluidos en la LGT, lo que eventualmente incrementará el índice de
trabajadores que no pueden gozar de los derechos laborales que año tras año
ganan los asalariados formales. “El Gobierno está creando empresas estatales de
producción; sus trabajadores deben estar bajo la LGT y quieren mantenerlos como
servidores públicos. Vamos a exigir que sean incluidos”, sostiene.
Escobar indica que el CEDLA ha observado que los
trabajadores de esas empresas están “tanto o más desprotegidos que en las pymes
(pequeñas y medianas empresas”.
La nueva Ley General de Empresas Públicas tiene un
artículo que indica que sus trabajadores van a ser incorporados en el corto
plazo a la LGT, dice Santalla. “¿Por qué no se hace esto inmediatamente? Porque
son empresas de reciente creación y en este momento funcionan con la subvención
del Tesoro General de la Nación (TGN). Una vez que se consoliden y tengan
utilidades, sus obreros pasarán a la Ley General del Trabajo”, responde la
autoridad.
“Para hacer cumplir las normas el Estado debería
comenzar en casa”, dice Escóbar, quien cuestiona que los funcionarios públicos
del nivel central no estén amparados por la Ley General del Trabajo y sean vulnerables.
Los servidores del aparato central no son parte de la
LGT, sino por la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público. “Por el
momento, el Gobierno no ha visto la posibilidad de que estos trabajadores
públicos sean incluidos a la norma general, ni puedan sindicalizarse”, recalca
Santalla. El argumento que sostiene la imposibilidad es que el Estado “no es
una empresa privada”.
El crecimiento del producto en los sectores grandes
como la construcción y la minería ha sido considerable y “deben ser reconocidos
salarialmente”, dice Eróstegui en referencia a la gran empresa. Sin embargo, la
mayor alza de salarios se da a “los sectores de menos crecimiento que son las
pymes. Se estaría castigando a éstas por no crecer productivamente”, observa.
El Producto Interno Bruto se ha incrementado “por las
actividades extractivas y la construcción”; las pymes siguen aportando lo que
antes, 17% o 16%, “lo que significaría que hay un castigo a éstas y un premio a
las empresas grandes de mayor productividad. Sin embargo, no se está
recompensando salarialmente al trabajador de éstas últimas”.
En contraste, el presidente de la Cámara de Comercio
de Bolivia, Óscar Calle, cuestiona que no se respete la Constitución Política
del Estado, que establece que para un aumento salarial debe haber una
negociación tripartita (Gobierno, trabajadores y empleadores) y debe ser
implementada por ley, no por decreto, como se hizo.
El escenario es complejo. Mientras Escobar opina que
el tiempo de bonanza económica no ha sido aprovechado, Núñez propone que hay
que hacer encuentros entre los sectores involucrados para ligar el crecimiento
económico a una política de desarrollo, todo esto cuando la consideración de la
nueva Ley General del Trabajo está atrasada.
La
eterna demanda salarial de la COB
Desde hace muchos años, la Central Obrera Boliviana
(COB) repite una suerte de ritual, seguida de movilizaciones o amenazas de
éstas, negociaciones con la administración de turno y un acuerdo muy por debajo
de su demanda inicial. Así, los últimos años, los trabajadores sindicalizados
pedían incrementos al salario mínimo que superaban los 8.000 bolivianos.
Satisfacer esa demanda habría significado un alza mayor al 800% del salario
mínimo nacional, aproximadamente. El pedido tampoco fue oído este año.
La investigadora Silvia Escóbar, del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cree que esa demanda “es
pertinente”. “En Bolivia, los salarios están muy por debajo del valor de la
fuerza de trabajo, es decir, del aporte que hace el trabajador al producto y a
la economía”.
Los salarios “no cubren los costos de los bienes y
servicios”. Lo que hizo la COB —señala— es una estimación de “una canasta
familiar real, no una canasta básica normativa de lo mínimo necesario”. El
parámetro de la COB “es el costo real de lo que necesita” una familia tipo de
cinco miembros que vive en el país. “Creo que esa demanda debe ser la base,
sino se destruirá a la fuerza de trabajo”, dice Escóbar.
Lo que se requiere es una “revolución salarial”, para
lo cual hay que asumir que los salarios fijados al inicio de la implementación
de las políticas neoliberales eran “muy bajos”, luego fueron congelados y se
apunto a una evolución lenta de los mismos para generar una acumulación de capital
y mejorar los salarios, lo cual no funcionó. “Esa política neoliberal se ha
mantenido”, juzga.
Derechos
laborales adquiridos desde el 2006 a la fecha
1. Devolución de la estabilidad laboral
2. Inamovilibad de los empleados con hijos menores a
una año
3. El fuero sindical se elevó a rango constitucional
4. Se despenalizó la huelga
5. Las mujeres cuentan con un día libre pagado para el
examen Papanicolaou
6. Pago de beneficios a los tres meses de haber sido
retirado o haber renunciado
7. Imprescriptibilidad de los derechos laborales
‘Se ha
devuelto la estabilidad laboral’: Daniel Santalla, ministro de Trabajo
Desde la derogación del artículo 55 del Decreto 21060
y el 49 del Decreto 22407, en 2006, se devuelve la estabilidad laboral a los
trabajadores; ya no hay la libertad de poder retirar a los empleados del sector
privado y de servicios. Posteriormente llegaron muchas más normas referidas a
la estabilidad laboral llegándose a elevar muchos derechos a rango
constitucional.
‘La
política salarial se dirigió a los excluidos: Luis Arce Catacora, ministro de
Economía
La política salarial del Gobierno desde 2006 se
dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos, es decir, los
que menos ganan. Dicha política ha estado y está enfocada en incrementar de
forma permanente los salarios de la población trabajadora del país por encima
de la tasa de inflación pero preservando la sostenibilidad de la inversión
pública. (Animal Político, 21.04.13)
‘Salarios
mínimos han evolucionado rápido’: Rodolfo Eróstegui, gerente general de Labor
La política de los últimos años ha sido la de reponer
el valor adquisitivo. Esto se ha visto en los gobiernos anteriores a Evo
Morales como con él. Sin embargo, hay que reconocer que desde 2006 los salarios
mínimos han tenido una evolución más rápida, a diferencia del salario básico,
el que ha crecido de acuerdo con la reposición de la pérdida del poder
adquisitivo anual.
‘El
gran reto es la generación de empleo’: Juan Carlos Núñez, director de Fundación
Jubileo
El gran reto para quienes hoy están en el Gobierno,
para todos los partidos políticos y la sociedad, es cómo generar más empleos.
La actividad extractiva no es generadora de trabajo, necesariamente. Hay que
pensar en dar valor agregado a esa explotación, el turismo y la industria
pequeña, que deben ser incentivados con estímulos para que tengan mejores
condiciones.
‘No hay
un objetivo en política estatal’: Silvia Escóbar, investigadora del CEDLA
El trabajo es cada vez más precario y menos
productivo, lo que nos habla de que no hay una política estatal con objetivos
claros para superar esto. Tampoco existe un rol coercitivo del Estado para
ejercer el control del cumplimiento pleno de las normas laborales. Todo esto
hace que el trabajo siga siendo uno de los problemas más grandes que tiene el
país.
‘Queremos
que haya coerción del ministerio’: Vitaliano Mamani, ejecutivo de la
Confederación de Fabriles
Estamos peleando a través de la COB y la Confederación
Nacional de Fabriles para que el Ministerio de Trabajo tenga un rol de coerción
(hacia los empleadores). Ahora sólo es un ente conciliador, nosotros queremos
que el ministerio tenga la potestad de meter presos a los malos empresarios que
incumplen las normas que benefician a los trabajadores.
