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lunes, 29 de abril de 2013

Daniel Santalla Tórrez:‘Nos quejamos por retardación de justicia en pleitos laborales’


Daniel Santalla Tórrez:‘Nos quejamos por retardación de justicia en pleitos laborales’

El ministro Daniel Santalla anuncia que habrá una norma que abreviará los procesos en los pleitos judiciales relacionados con la inamovilidad y la estabilidad laborales para que duren dos meses. También contesta a los cuestionamientos a la política laboral del Gobierno.
 

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:03 / 28 de abril de 2013
Daniel Santalla, ministro de Trabajo, pasó de la dirigencia sindical al Órgano Ejecutivo. Antes fue secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB). Es un hombre de confianza del presidente Evo Morales. En 2009 fue ministro de Obras Públicas y dirige la cartera de Trabajo desde 2011, ratificado en dos gestiones.
Un año en uno de los despachos más difíciles del Gobierno, como el de Trabajo, tiene una equivalencia subjetiva mayor a sólo 12 meses. Santalla ya lo dirige casi por tres años, lo que no es habitual en una cartera por la que desfilaron diferentes ministros en lapsos muy breves. Es martes, a media tarde. La autoridad recibe a Animal Político en medio de una agenda apretada debido a los preparativos del Día del Trabajo, el 1 de mayo.
— ¿Qué nuevas medidas se tomarán por el 1 de Mayo?
— ¿De qué se quejan los trabajadores? ¿De qué nos quejamos? Es que hay retardación de justicia. Los procesos por el incumplimiento de los derechos laborales tardan un año o cuatro. Se ha acordado con la COB aplicar lo que llama la fuerza coercitiva. Por lo que se trabajó un anteproyecto de ley para abreviar en dos meses los procesos en casos de inamovilidad y estabilidad laboral, los juicios no podrán durar más de dos meses.
— ¿Y la sanción?
— Una vez que se apruebe, también será una manera de apretar a los empleadores en caso de inclumplimiento en esos dos casos concretos (inamovilidad y estabilidad). Si los empleadores no cumplen la sentencia de reincorporación hay la posibilidad de llevarlos presos.
— No obstante, la COB pide un mayor rol coercitivo...
— ¿Qué quieren del ministerio? ¿Que utilicemos la fuerza, vayamos con policías, arrestemos (a los empleadores)? Ésa no es la función del Órgano Ejecutivo y, en este caso, del Ministerio de Trabajo. Nuestra función es conciliar, es administrar, aún cuando tenemos algunos mecanismos coercitivos como la inspección laboral y técnica. En casos de incumplimiento de derechos los denunciamos al Órgano Judicial.
— ¿Cuáles son los nuevos derechos de los trabajadores?
— Entre otros hay que mencionar la devolución de la estabilidad laboral y la inamovilidad del trabajador con la derogación del artículo 55 del Decreto Supremo 21060; la constitucionalización del fuero sindical; la despenalización del derecho a huelga; un día libre pagado para que las mujeres se hagan el papanicolau; el pago de beneficios por retiro voluntario o despido desde tres meses de trabajo; y la imprescriptibilidad de los derechos laborales.
— Pero estos derechos tienen poco alcance en la población de trabajadores...
— Hay que admitir que el 65% de los trabajadores pertenece al sector informal, no tienen una relación obrero-patronal, son cuentapropistas. Éstos no poseen los mismos derechos que los llamados trabajadores formales.
— ¿Cómo paliar la problemática?
— Desde los ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo se está concientizando a esos trabajadores para que accedan al seguro social. Pueden hacer sus aportes voluntarios a esa protección de corto y largo plazo.
— La bonanza económica no llega al bolsillo de los bolivianos...
— El crecimiento del producto interno debido a las actividades del Gobierno servirá para la inversión pública que genera productividad y por consiguiente empleos con mejores salarios. Para que los trabajadores ganen mejor, hay que seguir invirtiendo.
— ¿Se castiga con el alza salarial a la pequeña y mediana empresa por su poco crecimiento?
— Es cierto que se han quejado no sólo ellos, sino también los grandes empresarios. No hay que olvidarse que el Estado subvenciona a todos, incluyendo a los empresarios, con energía eléctrica, agua, gas. Reciben. Creo que 1.200 bolivianos no es una suma exorbitante como para que se quejen. Se han invertido con ese objetivo 3.000 millones de dólares.
— ¿Cómo fueron las negociaciones de este año con la COB?
— A pesar del acuerdo, siguen en estado de emergencia. Sus mayores preocupaciones eran los salarios y pensiones; eso les interesaba más.
— ¿Hubo tensión?
— En determinado momento las negociaciones se tornaron tensas. Con algunas agresiones que sufrimos por parte de algún dirigente de la COB, en un punto quisieron abandonar y romper el diálogo, pero hay que reconocer que hubo racionalidad y seriedad en la gran mayoría de los dirigentes sindicales. Nosotros nunca quisimos abandonar el diálogo.
— Pero no se cedió en cuanto al pedido de más de Bs 8.000 de salario mínimo...
— Supimos aguantar como Gobierno explicando que eso no era posible. Se entendió que si se aumentaba lo que pedían no se iba a poder invertir para el desarrollo. Cumplimos con la demanda de que el presidente Morales esté en la mesa de negociaciones, cosa que nunca se hizo en el pasado, y lo digo como excobista; sólo iban los ministros o viceministros.
— Hay retraso en algunos puntos del pliego de la COB...
— Debemos reconocer que hay retraso en algunos aspectos como la nueva Ley General del Trabajo y la Ley de Pensiones. Sobre ésta se ha enviado dos opciones para mejorar las rentas.
— ¿Por qué demora tanto la Ley General de Trabajo?
— Nos vamos a reunir en estos días para reencauzarla. Algunos puntos, como en minería, tienen avance; en la migración de contratos, también. Uno de los problemas que existe es la reestructuración de la Comibol (Corporación Minera de Bolivia).

miércoles, 10 de abril de 2013

MÁS DERECHOS LABORALES CADA AÑO, PERO MENOS PERSONAS QUE LOS GOZAN



MÁS DERECHOS LABORALES CADA AÑO, PERO MENOS PERSONAS QUE LOS GOZAN


El Estado ha dado cada vez mayores derechos a los trabajadores. Sin embargo, el alcance de tales beneficios es limitado, pues la mayoría de los empleados son cuentapropistas o subempleados que no pueden gozar de esos privilegios.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 28 de abril de 2013

Entre 2004 y 2005 el salario mínimo estuvo congelado y los incrementos para los sectores de educación y salud siempre estuvieron por debajo del índice de inflación. A partir de 2006 (cuando ascendió al poder Evo Morales), la nueva administración hizo aumentos mayores a la pérdida del valor adquisitivo en el intento de subsanar el desequilibrio. Según el análisis de esta edición, la intención es buena, aunque el alcance de los derechos que rigen a favor de los trabajadores —incluidas las alzas salariales— es cada vez menor a causa del alto porcentaje de trabajadores en la informalidad (cuentapropistas o subempleados).

“Debemos admitir que cerca del 65% de los trabajadores pertenece al sector informal; son trabajadores que no tienen una relación obrero-patronal, cuentapropistas. Éstos no tienen los mismos derechos que los trabajadores formales”, afirma Daniel Santalla, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Este grupo mayoritario no está al amparo de la Ley General del Trabajo (LGT) ni goza de las diferentes resoluciones ministeriales y decretos supremos promulgados desde 2006 en beneficio de los trabajadores formales.
Rodolfo Eróstegui, gerente general de Labor Consultores & Asociados, una institución dedicada a promover la discusión sobre el rubro, coincide al decir que cada vez hay más derechos laborales, aunque paulatinamente hay menos personas que puedan ejercerlos.
El 10 de abril, el Órgano Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 1549, que establece un aumento del 20% al salario mínimo nacional (SMN) y 8% al salario básico, después del acuerdo del 5 de abril entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). El SMN se incrementará de Bs 1.000 a Bs 1.200 desde abril.
El Gobierno reporta un incremento del salario mínimo nacional de 127,3% entre 2006 y 2012. El dato es contrastado por una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que dice que el poder adquisitivo sólo mejoró 35% debido a la inflación de ese periodo.
Los trabajadores incluidos en la LGT son los empleados de las empresas privadas y los públicos descentralizados (los de las estatales hidrocarburíferas, la minería estatalizada, los de la seguridad social, los de servicios de caminos dependientes de las gobernaciones y, desde hace poco, los empleados municipales). No están incorporados en la norma los trabajadores informales, cuentapropistas y los empleados del sector público dependientes del nivel central del Estado.
Silvia Escóbar, investigadora especializada en temas laborales del CEDLA, afirma que “se ha dictado un conjunto de normas desde 2006 para abrogar el 21060 y favorecer las condiciones de trabajo. Sin embargo, una cosa es la ley y otra la realidad”.
Los derechos establecidos desde 2006 son, entre los más importantes, la devolución de la estabilidad laboral; la inamovilidad de empleados con hijos menores a un año; el fuero sindical, que se elevó a rango constitucional; la despenalización de la huelga; la otorgación de un día libre pagado a las mujeres para sus exámenes de papanicolau y el pago de beneficios a los tres meses de haber sido retirado o haber renunciado un empleado.
No obstante, el CEDLA observa que “siguen aumentando los contratos a plazo fijo, por obra o por servicio” tanto en el sector privado como estatal, que generan inestabilidad laboral. Los trabajadores estables son “un pequeño núcleo privilegiado”, analiza Escóbar.  Según la última medición de esta organización no gubernamental, sólo el 20% de los trabajadores tiene un empleo de calidad y el restante 80% tiene un trabajo precario, sin derechos laborales.
La estructura del mercado de trabajo —señala Eróstegui— muestra que el 82% de la población ocupada trabaja en pequeñas unidades en las que no se respetan los derechos laborales y sólo el 18% lo hace en empresas formales que los cumplen. “Hay un grupo muy grande que no goza de sus derechos. Las medidas del Gobierno aumentan la protección del empleado perteneciente a ese 18%, el 82% no está ejerciendo sus privilegios”.
El ministro Santalla admite que los beneficios no llegan a la mayoría de los trabajadores bolivianos. Sin embargo, afirma que se trata de una proporción menor a la que indica Eróstegui: 65% de los trabajadores son cuentapropistas o subempleados sin derechos laborales.
Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, coincide con ambos y se acerca al porcentaje que señala la autoridad sobre el sector asalariado informal. “64% está dentro de la economía informal. Entonces, los incrementos salariales son para pocos; las políticas redistributivas no son suficientes”.
Para saldar esta deficiencia, el especialista propone aprovechar el crecimiento económico con una política de desarrollo, pues “la bonanza económica por la explotación extractiva produce enormes cantidades de recursos fiscales, pero no necesariamente llegan a los bolsillos de la gente”.
Como intento de solución, Santalla menciona que desde los ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo se está “concientizando” a esos trabajadores “para que recurran al seguro social haciendo sus aportes voluntarios para acceder a la protección de corto y largo plazo”.
Para ello —continúa— se ha puesto en ejecución el aporte solidario que en el tiempo beneficiará a quienes se retiren con menores ingresos. Adicionalmente, “se están generando empleos” creando empresas estatales (papel, cartón, envases, lácteos). “Además, a partir del fondo de revolución productiva e industrial (1.200 millones de dólares) se van a generar empleos en el sector, textil, maderero y del cuero”. Afirma que algo similar se está haciendo en las estatales hidrocarburíferas con la construcción de las plantas separadoras de líquidos.
Estatales. Vitaliano Mamani, ejecutivo nacional de los fabriles y dirigente de la COB, también menciona a esta naciente industria estatal boliviana y cuestiona que quienes vayan a ser contratados para trabajar en estas fábricas serán tratados como funcionarios públicos, es decir, que no estarán incluidos en la LGT, lo que eventualmente incrementará el índice de trabajadores que no pueden gozar de los derechos laborales que año tras año ganan los asalariados formales. “El Gobierno está creando empresas estatales de producción; sus trabajadores deben estar bajo la LGT y quieren mantenerlos como servidores públicos. Vamos a exigir que sean incluidos”, sostiene.
Escobar indica que el CEDLA ha observado que los trabajadores de esas empresas están “tanto o más desprotegidos que en las pymes (pequeñas y medianas empresas”.
La nueva Ley General de Empresas Públicas tiene un artículo que indica que sus trabajadores van a ser incorporados en el corto plazo a la LGT, dice Santalla. “¿Por qué no se hace esto inmediatamente? Porque son empresas de reciente creación y en este momento funcionan con la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN). Una vez que se consoliden y tengan utilidades, sus obreros pasarán a la Ley General del Trabajo”, responde la autoridad.
“Para hacer cumplir las normas el Estado debería comenzar en casa”, dice Escóbar, quien cuestiona que los funcionarios públicos del nivel central no estén amparados por la Ley General del Trabajo y sean vulnerables.
Los servidores del aparato central no son parte de la LGT, sino por la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público. “Por el momento, el Gobierno no ha visto la posibilidad de que estos trabajadores públicos sean incluidos a la norma general, ni puedan sindicalizarse”, recalca Santalla. El argumento que sostiene la imposibilidad es que el Estado “no es una empresa privada”.
El crecimiento del producto en los sectores grandes como la construcción y la minería ha sido considerable y “deben ser reconocidos salarialmente”, dice Eróstegui en referencia a la gran empresa. Sin embargo, la mayor alza de salarios se da a “los sectores de menos crecimiento que son las pymes. Se estaría castigando a éstas por no crecer productivamente”, observa.
El Producto Interno Bruto se ha incrementado “por las actividades extractivas y la construcción”; las pymes siguen aportando lo que antes, 17% o 16%, “lo que significaría que hay un castigo a éstas y un premio a las empresas grandes de mayor productividad. Sin embargo, no se está recompensando salarialmente al trabajador de éstas últimas”.
En contraste, el presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia, Óscar Calle, cuestiona que no se respete la Constitución Política del Estado, que establece que para un aumento salarial debe haber una negociación tripartita (Gobierno, trabajadores y empleadores) y debe ser implementada por ley, no por decreto, como se hizo.
El escenario es complejo. Mientras Escobar opina que el tiempo de bonanza económica no ha sido aprovechado, Núñez propone que hay que hacer encuentros entre los sectores involucrados para ligar el crecimiento económico a una política de desarrollo, todo esto cuando la consideración de la nueva Ley General del Trabajo está atrasada.
La eterna demanda salarial de la COB
Desde hace muchos años, la Central Obrera Boliviana (COB) repite una suerte de ritual, seguida de movilizaciones o amenazas de éstas, negociaciones con la administración de turno y un acuerdo muy por debajo de su demanda inicial. Así, los últimos años, los trabajadores sindicalizados pedían incrementos al salario mínimo que superaban los 8.000 bolivianos. Satisfacer esa demanda habría significado un alza mayor al 800% del salario mínimo nacional, aproximadamente. El pedido tampoco fue oído este año.
La investigadora Silvia Escóbar, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cree que esa demanda “es pertinente”. “En Bolivia, los salarios están muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es decir, del aporte que hace el trabajador al producto y a la economía”.
Los salarios “no cubren los costos de los bienes y servicios”. Lo que hizo la COB —señala— es una estimación de “una canasta familiar real, no una canasta básica normativa de lo mínimo necesario”. El parámetro de la COB “es el costo real de lo que necesita” una familia tipo de cinco miembros que vive en el país. “Creo que esa demanda debe ser la base, sino se destruirá a la fuerza de trabajo”, dice Escóbar.
Lo que se requiere es una “revolución salarial”, para lo cual hay que asumir que los salarios fijados al inicio de la implementación de las políticas neoliberales eran “muy bajos”, luego fueron congelados y se apunto a una evolución lenta de los mismos para generar una acumulación de capital y mejorar los salarios, lo cual no funcionó. “Esa política neoliberal se ha mantenido”, juzga.
Derechos laborales adquiridos desde el 2006 a la fecha
1. Devolución de la estabilidad laboral
2. Inamovilibad de los empleados con hijos menores a una año
3. El fuero sindical se elevó a rango constitucional
4. Se despenalizó la huelga
5. Las mujeres cuentan con un día libre pagado para el examen Papanicolaou
6. Pago de beneficios a los tres meses de haber sido retirado o haber renunciado
7. Imprescriptibilidad de los derechos laborales
‘Se ha devuelto la estabilidad laboral’: Daniel Santalla, ministro de Trabajo
Desde la derogación del artículo 55 del Decreto 21060 y el 49 del Decreto 22407, en 2006, se devuelve la estabilidad laboral a los trabajadores; ya no hay la libertad de poder retirar a los empleados del sector privado y de servicios. Posteriormente llegaron muchas más normas referidas a la estabilidad laboral llegándose a elevar muchos derechos a rango constitucional.
‘La política salarial se dirigió a los excluidos: Luis Arce Catacora, ministro de Economía
La política salarial del Gobierno desde 2006 se dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos, es decir, los que menos ganan. Dicha política ha estado y está enfocada en incrementar de forma permanente los salarios de la población trabajadora del país por encima de la tasa de inflación pero preservando la sostenibilidad de la inversión pública. (Animal Político, 21.04.13)
‘Salarios mínimos han evolucionado rápido’: Rodolfo Eróstegui, gerente general de Labor
La política de los últimos años ha sido la de reponer el valor adquisitivo. Esto se ha visto en los gobiernos anteriores a Evo Morales como con él. Sin embargo, hay que reconocer que desde 2006 los salarios mínimos han tenido una evolución más rápida, a diferencia del salario básico, el que ha crecido de acuerdo con la reposición de la pérdida del poder adquisitivo anual.
‘El gran reto es la generación de empleo’: Juan Carlos Núñez, director de Fundación Jubileo
El gran reto para quienes hoy están en el Gobierno, para todos los partidos políticos y la sociedad, es cómo generar más empleos. La actividad extractiva no es generadora de trabajo, necesariamente. Hay que pensar en dar valor agregado a esa explotación, el turismo y la industria pequeña, que deben ser incentivados con estímulos para que tengan mejores condiciones.
‘No hay un objetivo en política estatal’: Silvia Escóbar, investigadora del CEDLA
El trabajo es cada vez más precario y menos productivo, lo que nos habla de que no hay una política estatal con objetivos claros para superar esto. Tampoco existe un rol coercitivo del Estado para ejercer el control del cumplimiento pleno de las normas laborales. Todo esto hace que el trabajo siga siendo uno de los problemas más grandes que tiene el país.
‘Queremos que haya coerción del ministerio’: Vitaliano Mamani, ejecutivo de la Confederación de Fabriles
Estamos peleando a través de la COB y la Confederación Nacional de Fabriles para que el Ministerio de Trabajo tenga un rol de coerción (hacia los empleadores). Ahora sólo es un ente conciliador, nosotros queremos que el ministerio tenga la potestad de meter presos a los malos empresarios que incumplen las normas que   benefician a los trabajadores.
 

BOLIVIA RATIFICA EL CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS


BOLIVIA RATIFICA EL CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

 




Este documental relata el proceso de ratificación del Convenio 189 en Bolivia, encabezada por la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia y por su ente matriz la Central Obrera Boliviana, quienes realizaron una activa movilización en todo el país para promover la ratificación y promover el trabajo decente en el sector. Incluye también entrevistas a las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y al personal de la OIT, quienes señalan la importancia de este instrumento internacional para dignificar el trabajo asalariado del hogar.

Bolivia es el quinto Estado miembro de la OIT y el segundo Estado miembro de América Latina en haber ratificado este Convenio. El martes 20 de noviembre de 2012, en un acto público, la ley de ratificación del Convenio 189 fue promulgada por el Presidente Evo Morales; y el 15 de abril de 2013, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia depositó ante la Oficina Internacional del Trabajo este instrumento de ratificación.

Para más informaciones sobre la OIT y su labor sobre el trabajo doméstico, vea: http://www.ilo.org/global/topics/dome...