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domingo, 3 de junio de 2012

El salario en Bolivia

Analistas dicen que pedido salarial de la COB es irreal

La COB insiste en un salario de Bs 8.300 y el Órgano Ejecutivo advierte de riesgos
Infografía incremento salarial.
Infografía incremento salarial.
La Razón / Willy Chipana / La Paz
01:37 / 10 de mayo de 2012
El pedido realizado por la Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno de un Salario Mínimo Nacional de Bs 8.300 es “irreal” y “nada lógico”, porque el Estado boliviano no tiene esa capacidad financiera y a futuro se podría generar una espiral inflacionaria. Así lo señalaron ayer, por separado, el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando Méndez, y el analista económico Julio Alvarado.
Según Méndez, la única manera de que el Gobierno aumente el salario de los trabajadores  a Bs 8.300 es que inyecte “más dinero a la economía y volvamos a la hiperinflación de los años 80”.   “Este planteamiento no es lógico y racional, esta demanda de una canasta familiar no es real porque la economía boliviana, que es pequeña, no tiene la capacidad para pagar esos salarios”, indicó la exautoridad.
El 14 de abril, el secretario ejecutivo de la COB, J. Carlos Trujillo, pidió al Gobierno un aumento al salario mínimo acorde a una canasta familiar de Bs 8.300 para una familia de cinco miembros. El objetivo es que “los trabajadores vivan de forma digna”.
En un comunicado enviado el 26 de abril por el Ministerio de Economía se señala que en las negociaciones que sostuvo la dirigencia de la COB con el Gobierno se planteó un salario mínimo de Bs 1.500. Según el analista Julio Alvarado, si el salario mínimo “se incrementa a Bs 8.300, que es irreal, entonces eso podría generar un efecto inflacionario”.
El economista recomendó que el aumento salarial debe resolverse en una mesa de negociación. Propuso, por ejemplo, que las empresas reciban incentivos tributarios y los canalicen a los trabajadores cuando se otorguen incrementos salariales.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señaló ayer que la demanda salarial de la COB no responde a un estudio científico ni se ajusta a la realidad económica del país y puede causar el aumento en los precios de los productos. “Hemos visto vendedoras en esta última semana que están argumentando incremento de los salarios para aumentar los precios, ahí vemos un peligro  más allá de las pretensiones que pueda tener la COB”, dijo.
El 1 de mayo, el presidente Evo Morales emitió un decreto que fija el salario mínimo en Bs 1.000 y un incremento a la masa salarial del 8%. El responsable de la Comisión Económica de la COB, Óscar Tapia, aclaró que el pedido se respalda en un estudio realizado por la UMSA.
El Gobierno teme mayor inflación
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, manifestó ayer que el Gobierno realizó el máximo de los esfuerzos para incrementar el salario mínimo nacional a Bs 1.000. Además, advirtió que subir el monto a Bs 8.300 podría causar mayor inflación.
“El Gobierno Nacional ha hecho el máximo esfuerzo para incrementar los salarios en materia de salud y educación y establecer un salario mínimo nacional por primera vez de Bs 1.000, es algo menos de $us 150 de salario mínimo nacional por primera vez en el país”, afirmó Arce. El Órgano Ejecutivo proyectó que este año la inflación será del 5%. En 2011, el Índice de Precios al Consumidor cerró en 6,9%.
El responsable de la Comisión Económica de la Central Obrera Boliviana (COB), Óscar Tapia, rechazó las declaraciones del ministro Arce y recordó que en una anterior reunión le preguntó “si viviría con un sueldo de Bs 1.000 al mes. Entonces, el Gobierno tiene que dar condiciones de vida creando empleos para todos los trabajadores con salarios dignos”.
En respuesta, el ministro Arce dijo que no sabía “cómo se vivía antes con Bs 440 (al mes), en el periodo neoliberal, (cuando) el salario mínimo nacional estuvo congelado por muchos años, (pero) llegar a Bs 1.000 yo creo que es una evolución que ha tenido la economía nacional” del país.

El empleo en Bolivia

Bolivia: Dos millones subsisten con empleos extremadamente precarios

 

El 50% de la población económicamente activa del país (alrededor de dos millones de personas) trabaja en condiciones “extremadamente precarias”, señala un diagnóstico de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS). El 60% de los bolivianos no tiene lo necesario para vivir dignamente, mientras que tres de cada 10 ciudadanos y ciudadanas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, revela un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La condición de empleo precario en las formas de trabajo (tanto antiguas, como nuevas) determina que tanto hombres como mujeres en edad laboral desempeñan sus funciones sin estar considerados por la seguridad social, con la inexistencia de un seguro laboral y sin acceder a una renta de seguridad adecuada. El porcentaje de trabajadores extremadamente precarios se habría duplicado en los últimos 10 años porque en 2001 sólo representaba un 25%, revela un estudio realizado por el responsable del Programa Urbano de UNITAS Carlos Revilla.
“Del año 2001 a la actualidad, gran parte de la masa laboral activa del país ha pasado a tener un empleo precario extremo, cuando antes sólo un 25% de los trabajadores del país tenía un empleo precario extremo ahora el 50% de los trabajadores del país tiene un empleo de este tipo, esto supone que exista una ausencia de seguridad social, una ausencia de seguridad industrial, malas condiciones laborales, dificultad para tener una renta de jubilación y otros aspectos negativos”, manifestó el especialista.
Los datos de UNITAS muestran que el 17,1% de trabajadores cuenta con una ocupación plena y adecuada, el 24% tiene un trabajo precario moderado y aproximadamente un 58% cuenta con un empleo precario extremo; el análisis también determina que desde el 2001, hasta la fecha, la tasa de desempleo en Bolivia no se redujo sustancialmente y aún bordea el 10 por ciento. Muchas de estas falencias son resultado de la inexistencia de políticas que respalden los derechos laborales y aseguren su cumplimiento. “Los empleos que genera el Estado son precarios y de corta duración, muchos proyectos al respecto habrían quedado en nada”, precisó Revilla.
“Hay una ausencia de políticas que generen empleo con efectividad y esto viene desde la etapa de ajuste estructural donde hemos visto una mayor precarización del empleo. No hay creación de fuentes de empleo productivo y el Estado un poco se ha retraído de estas funciones, los pocos planes que han existido como ‘Mi primer empleo digno’ u otros no han tenido la suficiente efectividad y no han alcanzado a la mayor parte de los bolivianos”, agregó.
Al respecto, informes del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) establecen que en 2001 la precariedad laboral se instala en todos los sectores del mercado de trabajo, esto ocasionó que un 20% de la población “más rica” acapare la mayor cantidad de ingresos, mientras que un 57,9 por ciento de la masa laboral apenas ganaba lo mínimo; el resto (12%) pertenecería al sector desocupado.
Según el CELDA, en el país sólo el 17% de los jóvenes de entre 14 y 24 años de edad tiene un seguro social, mientras que un 62% de misma población tiene un trabajo precario, siendo el trabajo por más de ocho horas y que reciban remuneraciones y beneficios menores a lo permitido por Ley el factor que más vulnera sus derechos laborales. Los ámbitos laborales donde mayores deficiencias se registran, son el comercio, la industria manufacturera y la construcción. En todos esos rubros las mujeres y los jóvenes son los más afectados.
Otras investigaciones muestran que de los cinco millones de trabajadores en Bolivia, la población económicamente activa, por lo menos dos millones están en el área rural, los cuales, con muy pocas excepciones son empleos precarios, porque no tienen contrato de trabajo, ningún tipo de seguro y su ingreso promedio es muy bajo.
En el ámbito urbano se estima que un 35%, alrededor de un millón de personas (la tercera parte es funcionario público) tienen contrato, prestaciones de seguro y un sueldo relativamente alto, el resto son empleos precarios, por lo que se puede decir que entre tres y cuatro millones de personas están en empleos precarios y de precariedad extrema.
A nivel nacional sólo un 20% de la población económicamente activa está protegida por la Ley General del Trabajo, por lo tanto el 80% restante está en una ocupación sin condiciones dignas, esto según la investigación realizada por la Fundación para el Periodismo.
IBCE: 60% de los bolivianos es pobre y tres de cada 10, extremadamente pobres
Según un estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 60% de los bolivianos es pobre, es decir que no tiene lo necesario para vivir dignamente, mientras que tres de cada 10 ciudadanos y ciudadanas son extremadamente pobres, es decir no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir como alimentación, techo y salud.
Los sectores más vulnerables y con mayor pobreza continúan siendo el altiplano y los valles a falta de una política gubernamental que atienda estas regiones, que agravan su situación por los efectos del cambio climático. La zona del oriente del país continúa siendo la región con mayores posibilidades de crecimiento económico, situación que testimonia las experiencias de muchos migrantes exitosos.
El gerente general del IBCE Gary Rodríguez señaló que uno de los principales problemas que debe solucionar el gobierno es el tema alimentario para garantizar que ningún boliviano se vaya a dormir con hambre cada día. “No es de extrañar que más de dos millones de bolivianos se acuesten con hambre cada día porque ciertamente el tema alimentario afecta a las personas de menos recursos y ese es un tema donde el Estado debería tomar conciencia para impulsar la mayor producción de alimentos y con ello bajar los precios”, sostuvo.
Rodríguez indicó que el gobierno debería cambiar la visión productiva del país, de una concepción comunitaria, que genera sólo auto sostenimiento, a una de gran escala “para que en el país sobren los alimentos”. El IBCE reconoce las iniciativas y el esfuerzo del gobierno en al ámbito de la producción agrícola, pero critica el carácter poco agresivo de las políticas implementadas. Lo fundamental es “mejorar los ingresos de los bolivianos, porque si los precios de los alimentos suben, el consumidor estará preparado para afrontar el impacto”.
“Una de las actividades más vulnerables al problema del clima es la agricultura, por eso nosotros aplaudimos el seguro agrícola, pero también lo criticamos por no ser universal, porque si hay un sector que lo arriesga todo, incluso su patrimonio familiar en cada campaña es el sector agrícola”, dijo. “Otra iniciativa que aplaudimos es la entrega de 300 mil dólares a cada municipio para el tema del riego, pero nos parece que debería ser más agresivo, porque con riego, las tierras que son semidesérticas pueden producir para que en Bolivia sobre el alimento”.
Finalmente indicó que la política de redistribución del ingreso mediante bonos es acertada, siempre y cuando sean sostenibles. “La causa de la pobreza a nivel mundial es la mala redistribución del ingreso, pero la forma de revertir esto no es socializando la pobreza, sino creando más riqueza y utilizando inteligentes esquemas de redistribución como los bonos, pero haciéndolos sostenibles y con mejor educación y salud, para rendir y para producir más; en ese sentido las políticas que implemente el Estado son muy importantes”, concluyó.
Fuente:Erbol y GAIA

Las mineras de la montaña de plata

 Las mineras de la montaña de plata




Escrito por Juan Luis Salinas   

Lunes, 28 de Mayo de 2012 09:34
Anoche Lucía Armijo reventó dinamita. Pasada la medianoche despertó con el sonido de los silbatos: la señal que sus vecinas hacen sonar para alertarse del peligro.
En la penumbra escuchó los ladridos destemplados de los diez perros que vigilaban la minúscula construcción de adobe en la que vive. Medio minuto después sintió pasos arrastrados, carreras nerviosas y voces roncas de desconocidos alrededor de la casa. “Afuera hay rateros”, murmuró a sus hijos en la oscuridad y salió de su cama. Se abrigó apenas, encendió una lámpara de carburo, tomó un palo de madera y salió a mirar lo que sucedía. Tenía que vigilar que no robaran las bodegas de herramientas y maquinarías que tiene a su cuidado. Es su trabajo.
—Los vi en la negrura. Querían abrir la puerta de una de las casetas que están cerca de la bocamina. Eran cuatro.
Tenían cubierta la cara con unos pañuelos. Me vieron con la lámpara y me amenazaron. Me dijeron, “te vamos a pegar chola de mierda, ándate a dormir, no cuides tanto cosas que no son tuyas”.
Eso le dio rabia. Corrió a su casa a buscar unos cartuchos de dinamita, encendió uno y se lo arrojó.
—Explotó casi en sus piernas cuando arrancaban cerro abajo.
Para asegurarse de que no volvieran, Lucía tiró otro cartucho de dinamita.
Lucía Armijo trabaja de guardabocamina en “Monja uno”, una de las 600 faenas que socavan la falda del Cerro Rico en Potosí: la montaña que tiene la reserva de plata y estaño más grande de Bolivia. La que asombró a los conquistadores. La que nutrió a España y Europa con multimillonarias oleadas de plata y la que, ahora, desde los túneles que barrenan su interior, todavía fluye lo poco que queda de su hemorragia de riqueza.
Lucía es una de las 200 guardabocaminas que existen en Cerro Rico. Tiene 40 años, una sonrisa con tapaduras metálicas, las mejillas resecas por el sol y la piel cobriza. Vive con sus seis hijos y una nieta recién nacida en una caseta de seis por tres metros: un cuartucho con poca ventilación, techo de zinc oxidado, piso de tierra y una puerta con rendijas tapadas con cartones.
—No es mucho, pero tengo una llave de agua potable cerca y electricidad. Hay otras partes del cerro donde las mujeres deben caminar a una cisterna para tener agua –dice mientas masca unas hojas de coca. Está sentada en su caseta. Sus escasas pertenencias la rodean abarrotadas y mustias: dos camarotes que se reparten entre toda la familia, cajas con ropa, una mesa con las patas chuecas, una cocina y un televisor que ahora está encendido en un canal de dibujos animados para entretener a Juan Eduardo, el menor de sus hijos.
La caseta –que está decorada con guirnaldas y globos de colores por las fiestas de carnaval que acaban de terminar– es parte de su pago por vigilar la mina y cuidar las bodegas de esta empresa en la que trabajan 60 mineros.
Lucía es guardabocaminas desde hace 14 años. Llegó aquí desde Comunidad de Jesús –un sector poblacional de Potosí–, la primera vez que la abandonó su marido.
—Me dejó sin nada. Entonces me vine para acá, al Cerro Rico, porque podía trabajar en la mina sin dejar a mis hijos botados. Después volvió, pero no funcionó y nos separamos otra vez. Trabaja de chofer en la ciudad, pero no me importa. Acá tengo casa, un sueldo y la posibilidad de pichar los minerales sobrantes. Con eso me doy vueltas.
Podría ser peor.
Pichar consiste en barrer las rocas que se caen de las volquetas que sacan los mineros de la mina. Las guardabocaminas las juntan cerca de su cabina y luego las venden a pequeñas empresas compradoras de minerales que pagan lo recolectado en efectivo. De la concentración de metal con valor comercial que contenga su cargamento dependerán sus ganancias. Lucía vende lo que picha cada dos meses. Si tiene suerte puede ganar 1.500 bolivianos (213 dólares estadounidenses). Eso aumenta el sueldo de 700 bolivianos que gana mensualmente (alrededor de 100 dólares) por su trabajo de guardabocamina y el otro tanto que consigue lavando ropa de algunos mineros.
Algunas veces también “carretea”: arrastra los vagones con mineral desde el interior del socavón cuando hace falta fuerza de trabajo. La ayudan sus dos hijas mayores de 16 y 18 años.
—Cuando hay buen mineral, podemos sacar hasta 30 carros y ganar 100 bolivianos más.
Pero la principal responsabilidad de Lucía es vigilar las casetas de las herramientas y las maquinarias. Si llegaran a robarles, tendría que pagar todo de su bolsillo. Y como Lucía, al igual que las otras guardas, no tiene ahorros, le descontarían su sueldo. Se quedaría con nada.
—Conozco a muchas guardas que trabajan gratis, como si fueran esclavas. Hace unos días robaron más arriba y los dueños de la mina echaron a la guarda de su caseta, la despidieron y no tiene dónde dormir con hijos –dice y se persigna para conjurar esa posibilidad.
A Lucía han intentado robarle cuatro veces.
Por eso todas las noches duerme a medias.
Por eso guarda dinamita detrás de su puerta, al lado de los juguetes de su hijo.
Por eso anoche lanzó dos cartuchos en la oscuridad.
***
Potosí fue mucho, pero ahora es poco. La ciudad –ubicada a más de cuatro mil metros de altura al sur de La Paz– languidece en sus recuerdos. Su casco histórico de calles estrechas, monumentos imponentes como La Casa de la Moneda –la segunda construida por los españoles en el Nuevo Mundo– y caserones con escudos de nobles españoles ya desaparecidos son historia. El presente, en cambio, es duro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, ocho de cada diez habitantes del Departamento de Potosí viven en la extrema pobreza.
Ya no queda nada de la portentosa riqueza que relató el cronista Nicolás de Martínez Arzanz y Vela en el Siglo XVIII en su libro “Historia de la Villa Imperial de Potosí”. Ahí describe una ciudad “donde la plata abundaba como la arena a orillas del mar y su resplandor opacaba al de la luna llena”.
Ahora, Cerro Rico –un triángulo casi perfecto hecho una montaña de tonos rosados que marca el paisaje de la ciudad– es un montañón menoscabado. Una pirámide carcomida en su interior por 619 bocaminas y, al menos, 150 kilómetros lineales entre cuevas, galerías y pasadizos, según datos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El cerro también se está hundiendo. Si en 1545, cuando se inició la explotación de su riqueza, tenía una altura de 5.183 metros, hoy los estudios geológicos comprueban que ésta se redujo en 787 metros por los trabajos mineros y la erosión.
En su época dorada, durante la Colonia, Cerro Rico nutrió con embarques de riqueza a Europa. Los historiadores más discretos hablan de 15 mil toneladas de plata pura enviadas a ultramar; los más sensacionalistas, de treinta mil.
El cronista León Pinelo sostenía en 1629 que la producción del cerro era tanta que “bastaría para un puente o camino desde Potosí a Madrid de 2.071 leguas de largo, cuatro dedos de espesor y 14 varas de ancho”.
En los registros históricos dicen que en 1630 Potosí llegó a tener 160 mil habitantes, un poco más que la población que por entonces tenían París y Londres. Mientras Potosí resplandecía con la riqueza -en sus calles se vendían perlas de Ceylán, tenía treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, 14 escuelas de baile y en la Casa de
Moneda se acuñaron monedas para las Filipinas-, en el cerro se escribía el capítulo oscuro de su historia: miles de indios fueron esclavizados y otros tantos africanos fueron traídos por los españoles para cumplir con la ambición.
El esplendor de Potosí no duró demasiado. Su altura, las bajas temperaturas y las constantes epidemias hicieron que los españoles emplazaran una nueva ciudad: Sucre, un lugar más cómodo, menos cruento. “La nueva población, ubicada a 150 kilómetros, fue otro parásito de la riqueza del Cerro Rico. En 1650 sus vetas escasearon y la ciudad imperial comenzó a hundirse en el olvido, pero ha sobrevivido gracias al estaño y otros metales menores como el zinc y el bórax”, asegura Olivier Barras, investigador social suizo-francés radicado en Potosí y que investiga la minería boliviana.
Pero el verdadero caos llegó en 1985 cuando la Comibol –que explotaba el 75 por ciento del Cerro Rico– se desmembró por las deudas, la ineficacia y la corrupción. Se vinieron los despidos masivos: sólo mantuvieron su puesto dos mil trabajadores de los 13 mil que conformaban su plantilla. Muchos emigraron en busca de otras oportunidades, otros saquearon las instalaciones y unos cuantos esperaron una solución gubernamental. La respuesta fue que formaran sus propias cooperativas. El Estado aportaría las herramientas y la asistencia técnica y los mineros su trabajo. En el Cerro Rico todo fue alegría. Era el comienzo de una nueva era, nueva época que nunca llegó.
En menos de un mes se conformaron 50 nuevas cooperativas privadas con unos pocos socios que arrendaron un yacimiento y comenzaron a explotarlo sin medidas de seguridad, con jornadas extenuantes, fuera de los derechos laborales y con un rendimiento deprimente.
Ese es el sistema que se mantiene hasta hoy.
***
Es hora de almuerzo en Pailaviri –la principal mina de Cerro Rico y la única que pertenece al Estado boliviano– y Paulina López –66 años, viuda y de modales bruscos– está vestida con su mejor traje de chola: faldón abultado, falso de enaguas, chal tejido, medias de seda y bombín negro en la cabeza.
Unos turistas europeos, que se preparan a entrar al museo mineralógico que existe en el lugar, se quedan mirando a Paulina. A la distancia disparan sus cámaras. Ella masculla unas palabras en quechua, se cubre la cara con el manto y apura el tranco.
—Estos gringos, piensan que somos parte del museo.
Paulina está del mal humor. Hace poco llegó de Potosí. Bajó a la ciudad para visitar a su hijo menor, pero no lo encontró. Su nuera le dijo que había entrado a trabajar en una mina en el sector de Robertito, en la parte trasera del Cerro Rico, la más aislada, la más pobre.
—Me venció. Yo no quería que ninguno de mis hijos trabajara en el cerro. Quería que tuvieran una mejor vida, que no siguieran mis pasos ni los de mi esposo. Él murió por el mal de la mina, de los pulmones. Yo empecé a recolectar mineral del suelo cuando tenía 14 años, al igual que mi madre y mi abuela –dice Paulina y frunce el ceño mientras se encamina a un costado de la mina a buscar a sus compañeras palliris, que están pallando los minerales que recolectaron de las sobras de la mina.
Las palliris conforman uno de los grupos más tradicionales y enraizados entre las mujeres de la cultura minera del alto andino. Su nombre proviene de la palabra quechua Pallay que significa “escoger”. Su oficio consiste en recolectar el material que sobra de los relaves o los residuos que se concentran fuera de las bocaminas y cuentan con autorización de los dueños de las cooperativas. El proceso es simple, pero agotador: recogen las piedras de entre los restos en un delantal, las acumulan en una bolsa plástica y luego lo trasladan a un corral cuadrado de murallas de piedra. Ahí lo parten con un martillo o con las manos para extraer el material minero que queda y luego venderlo. Mensualmente ganan un promedio de 1.200 bolivianos (170 dólares).
—Ahora ganamos poco, no trabajamos tanto. Las palliris somos mujeres viejas, ya no llegamos al alba como antes. Nos duelen los huesos, nos cansamos rápido y tampoco tenemos que mantener a nuestros hijos –dice
Adelaida Jancko, una mujer de 74 años que está pallando sentada en el suelo de su corral. En sus manos callosas y con dedos como garfios sostiene un martillo con el que golpea una piedra. La examina y sólo guarda un pequeño trozo en un saco que está extendido a su lado.
Adelaida habla la mayor parte del tiempo en quechua. Lo prefiere al español, el que pronuncia con tono duro, sin ritmo. Empezó como palliri hace 35 años. Antes era dueña de casa, pero después que su marido murió en un accidente dentro de un socavón, salió a trabajar al cerro para mantener a sus nueve hijos. Conocía el oficio. Lo había visto cuando acompañaba a su madre que era “muira”: entregaba la comida y el agua que llevaba sobre una mula a las distintas bocaminas del cerro.
—Yo, en cambio, nunca quise traer a mis hijos para acá. Siempre los dejé en casa en Potosí para que estudiaran.
Me hicieron caso: cuatro son profesores y otro es pastor en una iglesia. Ellos no quieren que suba, pero en mi casa me aburro. Me acostumbré a trabajar mucho, me molesta estar en la casa sentada.
Adelaida masca coca y la escupe disimuladamente. A su lado María Vargas, una palliri un poco más joven y callada golpea una roca. La mira y la arroja para un lado.
María tiene 54 años y quedó viuda en 1999. Mientras la silicosis consumía a su marido y vio que no tenían comida en casa, se vino a pallar al cerro. Después de su muerte siguió escarbando entre los escombros, buscando entre el residuo de los metales algo que rescatar. Es la tradición de la mina. El destino que por centurias ha marcado a las viudas de Cerro Rico.
—Las cosas ya no son como antes. Quedamos pocas palliris, ahora hay más guardabocaminas. Ellas tienen más trabajo y sufren más –dice María sin dejar de golpear la roca.
—Ahora nada tiene la pureza de antes –refunfuña y martillea con fuerza una piedra hasta hacerla polvo.
***
Palliris y guardabocaminas forman parte de un perverso sistema que tiene su postal más cruel en “la montaña devora hombres”, como llaman los mineros al Cerro Rico, y que se replica en otros centros mineros de Bolivia.
Según Comibol, en todo el país alrededor de cinco mil mineros trabajan para la empresa estatal. Nueve mil lo hacen para compañías privadas. Pero existe una cifra fantasma, un número que nadie maneja, de los trabajadores de los pequeños minerales: en bocaminas sostenidas por maderos viejos, con túneles enclenques, pozos de “copajira” (agua tóxica) y gases contaminantes que los mineros combaten cubriéndose sólo con pañuelos.
Las mujeres también forman parte de esta cifra fantasma. Aunque desde 1985, cuando se reestructuró el sistema minero boliviano, las palliris fueron reconocidas como socias por las cooperativas mineras y se integraron a las asociaciones gremiales. En estas organizaciones en teoría también se deberían integrar a las guardabocaminas, pero siempre han existido diferencias entre ellas. “Las palliris sienten que tienen otro estatus en el sistema cooperativo: ellas son socias, mientras que las guardas son asalariadas, con contratos de palabras y sin protecciones legales.
Pero también existe la diferencia generacional: las guardas son más numerosas y jóvenes, mientas que las palliris son ancianas y están desapareciendo lentamente”, explica la investigadora boliviana Ingrid Tapia, autora del libro
“La herencia de la mina”.
Según Eblyn Cavero, asistente social y encargada en Potosí del programa de mujeres mineras del Centro de Promoción Minera de Bolivia, las guardabocaminas son las que están expuestas a las peores condiciones laborales.
“Además de no tener beneficios sociales y estar a merced de la voluntad de sus empleadores a la hora de negociar sus sueldos, deben vivir en condiciones deplorables, muchas veces sin agua y expuestas a la contaminación de los residuos tóxicos que salen de las minas. Y bueno, estar expuesta a la violencia de los asaltantes de los yacimientos a los que se enfrentan con piedras, palos o dinamita. Porque los dueños prefieren contratarlas a ellas antes que a un sereno a quien deben pagarle un sueldo legal”.
Eblyn Cavero, quien lleva cerca de cinco años recorriendo Cerro Rico de punta a falda, dice que “es imposible magnificar la realidad de las mujeres mineras. Es muy diversa, pero no es nada agradable”.
Aún así se puede bosquejar su perfil con la información que maneja Comibol: tienen sobre 40 años, en su mayoría fueron abandonadas por sus esposos o quedaron viudas. Se estima que cada trabajadora tiene al menos tres hijos.
La mayoría trabaja fuera de la mina, pero otra vez aparece la cifra no oficial que asegura que por lo menos dos mil mujeres realizan faenas al interior de los piques.
“Eso sucede especialmente con chicas jóvenes, muchas menores de edad, que trabajan fuera de la ley y con salarios de miseria en minerales más alejados de Cerro Rico y en pueblos rurales de la Provincia de Oruro, la otra gran zona minera de Bolivia”, explica el investigador Olivier Barras.
***
Anoche a Ema Mendoza –26 años, estatura baja, piel oscura, cara redondeada– le envenenaron uno de los siete perros que la ayudan a vigilar el socavón San Miguel, el mineral donde trabaja como guardabocamina desde hace tres años. Lo encontró esta mañana tirado tras la cabina en la que vive con sus dos hijas, Nayeli (10) y Carolina (5). Al animal, que no tenía nombre, lo enterraron los mineros bajo una pila de piedras.
—Querían dejarlo ahí tirado, pero como por acá no pasan recogiendo basura, les pedí que lo enterraran. A cambio tuve que lavarles la ropa –dice Ema. Son las tres de la tarde, el sol cae recto sobre Cerro Rico, pero corre un viento helado. Dentro de la casucha hace frío y suena una radio con música romántica. En una cocinilla hierve una tetera.
—Yo creo que lo mataron los mismos que trataron de robar allá abajo, en donde tiraron dinamita anoche.
Ema habla bajo, con los ojos entrecerrados y con los brazos cruzados sobre el pecho. Se vino desde Bentasus, un pequeño pueblo agrícola que está a una hora de Potosí, cuando tenía 20 años. Siguió a una amiga de infancia que trabajaba en el cerro. Su primer trabajo fue seleccionar piedras que se caían de los camiones. Ganaba 25 bolivianos al día (menos de 4 dólares). Después aceptó cuidar la mina “La Amorosa”, que está en la parte media del cerro.
—Ahí la pasé mal. No tenía agua y no me pagaban las pichas que hacía. Los mineros eran atrevidos, no podía estar tranquila. Así que me fui a otra mina, en la que trabajaba con mi mamá que también dejó el pueblo cuando enviudó, y después conseguí trabajo acá que es mejor porque tengo agua y luz.
Su madre, Victoria, se quedó en la otra mina. La mujer tiene 63 años, está enferma de la espalda y ahora está en cama inmóvil. Pero no quiere dejar el trabajo. Es su único ingreso. Ema ahora tiene que subir a cuidarla y mirar esa mina todos los días. Va tres veces: por la mañana, después del mediodía y cuando comienza a oscurecer.
Anoche, cuando sintió los silbatos de las otras guardabocaminas, pensó en subir, pero cuando escuchó la primera explosión de dinamita desistió de hacerlo.
—Mis hijas se asustaron y no quise dejarlas solas. Acá puede pasar cualquier cosa. En el cerro estamos desamparadas.

terciarización

La terciarización de la miseria en Bolivia – El ministro Chipana legaliza la terciarización del trabajo


El subcontrato se generaliza en la agroindustria y también en instituciones estatales y municipales
29 Sep 2009 – El ministro Chipana legaliza la terciarización del trabajo
El gobierno legalizó la subcontratación o tercerización laboral, modalidad de contratación prohibida de forma explícita por la Ley General del Trabajo. En muchas instituciones estatales y municipales se generaliza la subcontratación.
En los últimos decenios, el capitalismo puso a disposición del patrón nuevas herramientas para el control de obreros, del proceso productivo y del capital sobre el trabajo. Una de ellas es la terciarización.
La terciarización consiste esencialmente en pasar a terceros (empresas o microempresas e incluso individuos) funciones que son propias de la empresa, pero que no necesariamente están ligadas a su actividad central, tales como los servicios de limpieza, comedores, vigilancia, transporte, prestación médica y jurídica, procesamiento de datos, distribución de productos, mantenimiento, y comunicaciones, entre otros.
La terciarización no se explica por las nuevas formas de gerencia de calidad y de “especialización flexible”, sino esencialmente por la aplicación de una estrategia de reducción de costos que supone la pérdida de conquistas sociales y laborales de los trabajadores terciarizados y de los empleados de planta.
La terciarización impulsada en el periodo neoliberal ha flexibilizado las condiciones de trabajo, ha contribuido a la caída del salario, ha generalizado el trabajo por tiempo parcial o por temporadas (obreros de mantenimiento trabajan algunos días del mes); ha facilitado la contratación y el despido de trabajadores de acuerdo con la producción, y ha generalizado en el trabajo a domicilio (familiar o en talleres).
El verdadero objetivo de la terciarización, no admitido por las cámaras empresariales y sus gobiernos, es combatir a las organizaciones sindicales, desconocer las conquistas sindicales y laborales, y quebrar o desestructurar la identidad y unidad de los obreros.
Ahora la patronal tiene un mayor control sobre el trabajo, ya que es más fácil negociar con trabajadores de muchas empresas fragmentadas. En cada centro de trabajo existen dos tipos de obreros vinculados a una sola empresa: un núcleo estable de trabajadores mejor renumerado y otro núcleo de eventuales y no estables con menores ingresos y en peores condiciones de trabajo. En esas condiciones, las organizaciones sindicales tienen más dificultades en la negociación obrero-patronal e incluso en la propia sustentación financiera de los sindicatos.
Este proceso ha ido abarcando a funciones que son propias de las actividades centrales de las fábricas. El caso más emblemático en el último tiempo son los estibadores, ASFADE (limpieza), la sección de derivados (cartoneria) de la fábrica de aceites Fino.
El proceso de terciarización se ha generalizado en la agroindustria boliviana. Las grandes empresas productoras delegan la producción de materias primas (pollos, chanchos, leche, cítricos, soya, etc.) a pequeños campesinos. A este proceso se le ha denominado construcción “virtuosa” de “cadenas productivas” que “integran” a las grandes empresas agroindustriales con los productores rurales.
El caso es más dramático ya que el subcontrato se ha generalizado en las instituciones estatales y municipales. Por ejemplo, la Alcaldía de La Paz emplea a cerca de cinco mil funcionarios, de los cuales solo 1.500 están protegidos por las leyes laborales y el resto son consultores y personal de apoyo sin ningún tipo de derechos laborales.
Otro ejemplo de esta situación es la recientemente nacionalizada Vías Bolivia, Administradora de Rodaje y Pesaje que atiende ochenta puestos de cobro a nivel nacional. Sus 600 cobradores tienen contratos como consultores.
El primero de mayo de 2009, el gobierno de Evo Morales, con el auspicio del ministro de Trabajo Calixto Chipana (el segundo obrero fabril en ocupar dicha repartición), aprobó un conjunto de medidas, cinco decretos supremos en total, supuestamente en benefició de la clase trabajadora.
Varias organizaciones sociales y sindicales calificaron a dichas medidas como demagógicas, dado que “como tantas otras disposiciones legales dictadas en el pasado, los patrones y el Estado se darán modos para burlarlas”, comentó el POR.
El hecho es que el Estado impulsa y legaliza la terciarización del trabajo, y aprende a evadir las normas laborales que está obligado a cumplir.
La Ley General del Trabajo prohíbe de manera explicita la existencia de la modalidad de subcontrato. El artículo 31 de la norma establece que sólo el Estado podrá actuar como intermediario entre patrones y trabajadores en la contratación.
Sin embargo, el Decreto 107 legaliza la existencia de mercaderes de la fuerza del trabajo y permite la subcontratación, la tercerización y otras formas de contratación al margen de la ley, siempre y cuando se reconozcan los derechos laborales de los subcontratados.
El DS 107 contradice al Decreto 28699 del 1 de mayo de 2006, que en su artículo 5 señala que “Cualquier forma de contrato civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de la realidad sobre la relación aparente”.
Este decreto sugiere que la intensión del gobierno nacionalista es menoscabar las conquistas de la clase obrera en un contexto de crisis y recesión mundial, que de manera dramática golpea a obreros y a mineros. No hay que olvidar que para la empresa privada y sus gobiernos la única forma de salir de la crisis es pasar la factura a los trabajadores.
Esto lo saben muy bien los obreros de Fino y de la Cervecería Boliviana Nacional que luchan por la sindicalización de los terceros, pero se han topado con un muro levantado por el gobierno nacionalista indígena.

El Estado vulnera y no protege los derechos laborales

 

"El gobierno lanza un (Decreto Supremo) 28699, pero en la práctica, desde el Estado es absolutamente neoliberal...", aseguró un dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba (FSTFC). Él, como otros dirigentes, considera que desde que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitiera el Decreto Supremo 28699, así como los cinco Decretos aprobados el 1 de mayo del 2009 –que continúan en la misma tendencia del mencionado anteriormente–, las condiciones laborales no han mejorado, al contrario, denuncia que los empresarios no aplican éstas normas, y que el Estado no fiscaliza su cumplimiento, además de ser el primero en vulnerarlas.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) ha entrevistado, aproximadamente a cincuenta dirigentes fabriles de las ciudades del eje central (La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba) además de Riberalta. El estudio da cuenta que las condiciones generales de trabajo en el sector son malas y se manifiestan a través de diferentes indicadores que se encuentran presentes con mayor o menor intensidad en la gran industria, pero que predominan como rasgo característico en la manufactura atrasada, independientemente del tamaño de las empresas. Entre estos indicadores se destacan: la creciente inestabilidad laboral, salarios bajos y pagados con retraso, jornadas laborales superiores a las 8 horas sin una remuneración equivalente, escasa cobertura de la seguridad social, subcontratación sin derechos laborales, interferencias patronales a la sindicalización o a la acción sindical, entre otros.
Estos aspectos remiten a un proceso de precarización del empleo fabril, a los que se suman otros como la falta de seguridad industrial y el desconocimiento de la ley de higiene y salud ocupacional que afectan a la integridad física de los obreros. Estabilidad laboral sin garantías El Decreto Supremo 28699 reivindica la estabilidad laboral, una remuneración justa y beneficios sociales para todos los trabajadores asalariados del sector público y privado. Para los dirigentes sindicales, esta medida ha tenido efectos limitados en la erradicación de las prácticas de uso flexible y a bajo costo de la fuerza de trabajo "en Santa Cruz, ni el 10 por ciento de las empresas están cumpliendo las normas que quisieran garantizar la estabilidad laboral, en este sentido, los obreros siguen expuestos a la libre contratación, a pesar del DS 28699..." (Dirigente de la FSTFSCZ). Los dirigentes entrevistados dan muchos ejemplos sobre los despidos sin sujeción a las causales establecidas por la legislación vigente y las formas en que se promueve la rotación laboral, uno de ellos señala: "los salarios bajos llevan a que en muchos casos los obreros se vean obligados a buscar mejores condiciones, haciendo inestable su situación" (Dirigente sindicato de base Cbba). Otro dirigente de La Paz expresa:"nosotros tenemos que decir que ningún empresario ha garantizado la estabilidad laboral, hoy en día hay despidos encubiertos..." Un dirigente con amplia tradición sindical puntualiza que para que esto no ocurra es indispensable que se conforme el sindicato y ejerza sus funciones en la defensa de los intereses de los trabajadores, "la estabilidad laboral sólo se garantiza en las empresas donde existen sindicatos, en el resto no sirve de mucho porque no existe inspección por parte del Ministerio de Trabajo" (Dirigente sindicato de base LP). La subcontratación en plena vigencia? El 1 de mayo de 2009, el gobierno emite el D.S. 0107 en el que se establece una relación de dependencia laboral entre las empresas subcontratistas y sus trabajadores directos, luego de reconocer que, pese a la legislación vigente, han proliferado modalidades de subcontratación, tercerización y externalización como estrategias ilícitas para eludir las relaciones de dependencia laboral. La norma define que toda empresa que requiera contratar a otra deberá incluir en el contrato de servicios una cláusula que establezca que la empresa subcontratada dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales respecto de sus trabajadores/as. Sobre esta norma se pueden hacer dos consideraciones. Por una parte, efectúa el reconocimiento legal de la subcontratación como modalidad de vínculo contractual; por otra, exime de toda responsabilidad a la empresa contratante, al trasladar todas las obligaciones sociales que emergen de la relación laboral a las empresas subcontratistas o terceras. Además, se deja en manos de la inspectoría (reconocida como inoperante), la constatación de si es o no una estrategia empresarial de evasión de las obligaciones laborales y la presentación de pruebas. Con ello, se vulnera el principio de que la ley laboral favorece al más débil (presume como ciertas las denuncias del trabajador y determina que el empresario es el obligado a presentar las pruebas de descargo; no así el acusador). Para los dirigentes fabriles la subcontratación es una forma de "...aprovecharse de la necesidad (sobre todo) de los jóvenes que son explotados. Pero, además, la subcontratación es una forma "camuflada" de negar los derechos laborales a los obreros" (Dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia). Cuestionan el papel del gobierno que en primer término no fiscaliza el cumplimiento de la norma "...autoridades como el Ministerio de Trabajo, no fiscalizan las condiciones de los obreros subcontratados. Y cuando conocen de casos de vulneración de los derechos laborales, sólo se remiten a la conciliación" (Dirigente de la FSTFLPZ). Pero lo más importante es que denuncian al Estado como el principal agente de vulneración de los derechos laborales y, en consecuencia, de sus propios decretos que forman parte de su propaganda política a "favor" de los trabajadores "es el mismo gobierno que hace uso de la subcontratación con contratos a plazo fijo de miles de jóvenes profesionales que los llama ׳consultores׳, negándoles derechos, seguro y prestaciones..." (Dirigente de la FSTF Cbba). Los dirigentes exigen el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y plantean que para lograr la incorporación de los obreros de las empresas subcontratadas a la legislación laboral, se debe asignar la responsabilidad principal a la "empresa contratante" para la que el trabajador produce y genera ganancia y, no así, a la empresa subcontratista. Por esta razón, apelan a la normativa vigente para sustentar su opinión: "la Ley General del Trabajo dice que toda persona que haga un producto o trabaje en la producción de una empresa es trabajador de esa empresa, no habla de subcontratación por eso se debe cumplir con la ley" (Dirigente de la CSTFB). A favor del capital Todos los dirigentes expresan que uno de los problemas que impide el ejercicio de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo, es la omisión por parte de las autoridad competente del cumplimiento de los principios de irrenunciabilidad de derechos, de protección del trabajador y de intervención estatal, contenidos en la legislación laboral. En la mayor parte de los casos se argumenta que "las empresas no cumplen y el Ministerio del Trabajo no tiene la capacidad suficiente para hacer cumplir la ley porque sólo asume un rol conciliador y se pone de parte del empresario" (Dirigente sindicato de base LP). Otros señalan que en el contexto actual "no ha mejorado en nada la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales puesto que es el mismo Estado que los vulnera y más cuando se trata del derecho a la estabilidad laboral..." (Dirigente de la FSTFCBBA). Dado el escaso desarrollo industrial en el país, para mantener una determinada cuota de ganancia empresarial se tiende a elevar el grado de explotación del trabajo, a través de la fijación del salario por debajo de su valor, la extensión de la jornada laboral, el abaratamiento de los elementos del capital constante (stock de maquinarias y medios de trabajo), la manipulación del excedente de fuerza de trabajo (competencia entre los trabajadores), etc. La aplicación de estos métodos ha estado acompañada del aumento de modalidades de contratación eventual y la subcontratación que buscan reducir los costos de mano de obra, eliminar los beneficios complementarios al salario y facilitar la libertad de despido en función de las variaciones de la demanda del producto en los mercados. Este uso flexible de la fuerza de trabajo que refleja las múltiples formas de las que se vale el capital para apropiarse de una mayor parte del valor generado en el proceso productivo, ha supuesto, no solamente eliminar la protección del trabajador, desregulando o vulnerando la normativa legal, sino su mayor subordinación a las condiciones impuestas por el capital. Por ello, aún en la gran industria, donde se ha producido un mayor desarrollo tecnológico se ha dado un deterioro sin precedentes de las condiciones laborales y sociales de la mayor parte de los obreros. En términos políticos, las nuevas contradicciones en las relaciones de poder entre el capital y el trabajo se han expresado en una mayor fragmentación de la clase obrera y en una sustancial pérdida de la capacidad de organización y de presión por parte del movimiento sindical.

Premian a zafrero por luchar en contra del trabajo infantil

Santiago Rodríguez aprendió a cosechar la caña de azúcar en los cañaverales de Bermejo (Tarija) cuando tenía seis años. Su historia de vida y sus iniciativas para eliminar el trabajo infantil lo hicieron acreedor del premio Takunda, que le fue entregado en la ciudad de Bergamo, Italia.

Satisfacción. Rodríguez muestra, orgulloso, su galardón.
Satisfacción. Rodríguez muestra, orgulloso, su galardón.

La Razón / Mariana Pérez / La Paz
00:02 / 03 de junio de 2012
Cada año, en mayo, cientos de zafreros se trasladan hasta la región de Bermejo para trabajar en la cosecha de la caña de azúcar, que dura entre cinco y seis meses. Las arduas jornadas comienzan a las tres de la mañana y concluyen al finalizar la tarde, al menos así lo recuerda Santiago Rodríguez, de 35 años, quien relata que acompañaba a su padre a los cañaverales desde que tenía apenas seis.
Sin tiempo para estudiar, ni para jugar, Rodríguez ayudaba a cocinar y recibía la cuarta parte de lo que su padre ganaba, cerca de 50 bolivianos. Con el dinero, le compraban abarcas y ropa nueva. Pasaron los años y una vez joven, el zafrero pasó a las filas sindicales de su rubro, desde donde impulsó iniciativas para reducir la presencia de niños en los campamentos y mejorar sus condiciones.
Ferias, información sobre enfermedades, inspecciones, implementación de centros escolares, dotación de materiales educativos fueron algunos de los proyectos que Rodríguez logró.
Reconocimiento. En mayo de este año, la organización Cesvi convocó a Rodríguez a Bergamo, Italia. En coordinación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el zafrero llegó al evento y se hizo acreedor del premio Takunda en la categoría “Protagonista sobre el terreno”, junto a otras dos personas de Europa.
“Es bueno hacer conocer nuestra premiación, que hemos sido elegidos  a nivel del mundo, mi persona como encargado de la Federación Sindical de Trabajadores Zafreros de la Caña de azúcar de Bermejo, Tarija”, expresó Rodríguez a su retorno al país.
Explicó que después de Bermejo, la segunda región donde hay un intenso trabajo de niños en la zafra es Santa Cruz y por ello, desde su posición sindical, se ha propuesto concientizar a los padres para que no involucren a sus hijos en las jornadas laborales, garantizar el acceso a la salud y educación de éstos y, conseguir los beneficios sociales para los zafreros.
Debido a que siempre tuvo que trabajar, Rodríguez no completó su educación y cuando los camiones no recogían a los trabajadores para llevarlos a los ingenios, debían caminar hasta ocho kilómetros junto a su familia.
Como el periodo de cosecha coincide con el inicio de la época invernal, los trabajadores deben cortar la caña de azúcar a pleno sol, viento, frío o lluvia. Pese a los años —dice— la situación sigue siendo la misma. Las condiciones que enfrentan los zafreros pueden poner en riesgo su salud y están expuestos a todo tipo de adversidades como picaduras, cortes, malformaciones en la columna, entre otras.
Diagnóstico. Según datos proporcionados por Unicef, cada año cerca de 1.500 familias migran a los campamentos zafreros de los municipios de Bermejo y Padcaya. Del total, 65% provienen del departamento de Tarija, 30% de Potosí y Chuquisaca, y 5% de otras regiones.
Se calcula que alrededor de 3.000 niños acompañan a sus padres durante el periodo de cosecha y están expuestos a enfermedades y hacinamiento; además están carentes de atención. Esta situación genera consecuencias negativas en sus vidas y reduce las oportunidades que tienen para romper el círculo de la pobreza.
En ese marco, el Ministerio de Trabajo identificó a la zafra de la caña de azúcar en primer lugar de la lista de trabajos peligrosos para la infancia. Según su naturaleza, los otros trabajos riesgosos son la zafra de castaña, la minería, la pesca en ríos y lagos, ladrillería, expendio de bebidas alcohólicas, recolección de basura, limpieza de hospitales, servicios de protección, trabajo del hogar y voceador de transporte.
“Quiero que las autoridades nos apoyen, mi persona va a seguir adelante, queremos nuevas políticas y centros infantiles para que los niños ya no vayan a sufrir en los cañaverales”, expresó Rodríguez.
Datos sobre el premio
Significado
El premio Takunda —vincere con la solidaritá— es un reconocimiento a los proyectos de solidaridad, que a lo largo del año, demostraron utilidad social, carácter innovador y representan iniciativas de autodesarrollo.