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La terciarización de la miseria en Bolivia – El ministro Chipana legaliza la terciarización del trabajo

El subcontrato se generaliza en la agroindustria y también en instituciones estatales y municipales

29 Sep 2009 – El ministro Chipana legaliza la terciarización del trabajo

El gobierno legalizó la subcontratación o tercerización laboral, modalidad de contratación prohibida de forma explícita por la Ley General del Trabajo. En muchas instituciones estatales y municipales se generaliza la subcontratación.

En los últimos decenios, el capitalismo puso a disposición del patrón nuevas herramientas para el control de obreros, del proceso productivo y del capital sobre el trabajo. Una de ellas es la terciarización.

La terciarización consiste esencialmente en pasar a terceros (empresas o microempresas e incluso individuos) funciones que son propias de la empresa, pero que no necesariamente están ligadas a su actividad central, tales como los servicios de limpieza, comedores, vigilancia, transporte, prestación médica y jurídica, procesamiento de datos, distribución de productos, mantenimiento, y comunicaciones, entre otros.

La terciarización no se explica por las nuevas formas de gerencia de calidad y de “especialización flexible”, sino esencialmente por la aplicación de una estrategia de reducción de costos que supone la pérdida de conquistas sociales y laborales de los trabajadores terciarizados y de los empleados de planta.

La terciarización impulsada en el periodo neoliberal ha flexibilizado las condiciones de trabajo, ha contribuido a la caída del salario, ha generalizado el trabajo por tiempo parcial o por temporadas (obreros de mantenimiento trabajan algunos días del mes); ha facilitado la contratación y el despido de trabajadores de acuerdo con la producción, y ha generalizado en el trabajo a domicilio (familiar o en talleres).

El verdadero objetivo de la terciarización, no admitido por las cámaras empresariales y sus gobiernos, es combatir a las organizaciones sindicales, desconocer las conquistas sindicales y laborales, y quebrar o desestructurar la identidad y unidad de los obreros.

Ahora la patronal tiene un mayor control sobre el trabajo, ya que es más fácil negociar con trabajadores de muchas empresas fragmentadas. En cada centro de trabajo existen dos tipos de obreros vinculados a una sola empresa: un núcleo estable de trabajadores mejor renumerado y otro núcleo de eventuales y no estables con menores ingresos y en peores condiciones de trabajo. En esas condiciones, las organizaciones sindicales tienen más dificultades en la negociación obrero-patronal e incluso en la propia sustentación financiera de los sindicatos.

Este proceso ha ido abarcando a funciones que son propias de las actividades centrales de las fábricas. El caso más emblemático en el último tiempo son los estibadores, ASFADE (limpieza), la sección de derivados (cartoneria) de la fábrica de aceites Fino.

El proceso de terciarización se ha generalizado en la agroindustria boliviana. Las grandes empresas productoras delegan la producción de materias primas (pollos, chanchos, leche, cítricos, soya, etc.) a pequeños campesinos. A este proceso se le ha denominado construcción “virtuosa” de “cadenas productivas” que “integran” a las grandes empresas agroindustriales con los productores rurales.

El caso es más dramático ya que el subcontrato se ha generalizado en las instituciones estatales y municipales. Por ejemplo, la Alcaldía de La Paz emplea a cerca de cinco mil funcionarios, de los cuales solo 1.500 están protegidos por las leyes laborales y el resto son consultores y personal de apoyo sin ningún tipo de derechos laborales.

Otro ejemplo de esta situación es la recientemente nacionalizada Vías Bolivia, Administradora de Rodaje y Pesaje que atiende ochenta puestos de cobro a nivel nacional. Sus 600 cobradores tienen contratos como consultores.

El primero de mayo de 2009, el gobierno de Evo Morales, con el auspicio del ministro de Trabajo Calixto Chipana (el segundo obrero fabril en ocupar dicha repartición), aprobó un conjunto de medidas, cinco decretos supremos en total, supuestamente en benefició de la clase trabajadora.

Varias organizaciones sociales y sindicales calificaron a dichas medidas como demagógicas, dado que “como tantas otras disposiciones legales dictadas en el pasado, los patrones y el Estado se darán modos para burlarlas”, comentó el POR.

El hecho es que el Estado impulsa y legaliza la terciarización del trabajo, y aprende a evadir las normas laborales que está obligado a cumplir.

La Ley General del Trabajo prohíbe de manera explicita la existencia de la modalidad de subcontrato. El artículo 31 de la norma establece que sólo el Estado podrá actuar como intermediario entre patrones y trabajadores en la contratación.

Sin embargo, el Decreto 107 legaliza la existencia de mercaderes de la fuerza del trabajo y permite la subcontratación, la tercerización y otras formas de contratación al margen de la ley, siempre y cuando se reconozcan los derechos laborales de los subcontratados.

El DS 107 contradice al Decreto 28699 del 1 de mayo de 2006, que en su artículo 5 señala que “Cualquier forma de contrato civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de la realidad sobre la relación aparente”.

Este decreto sugiere que la intensión del gobierno nacionalista es menoscabar las conquistas de la clase obrera en un contexto de crisis y recesión mundial, que de manera dramática golpea a obreros y a mineros. No hay que olvidar que para la empresa privada y sus gobiernos la única forma de salir de la crisis es pasar la factura a los trabajadores.

Esto lo saben muy bien los obreros de Fino y de la Cervecería Boliviana Nacional que luchan por la sindicalización de los terceros, pero se han topado con un muro levantado por el gobierno nacionalista indígena.